El presidente Rafael Correa prorrogó el decreto de "estado de excepción en las instalaciones de la Asamblea Nacional", el cual faculta a los militares para hacerse cargo de la vigilancia en el edificio por otros 60 días, señaló la agencia pública Andes, citando el texto.
El decreto, que ya había sido prorrogado el 9 de diciembre, se debe a "los hechos de violencia protagonizados por elementos de la Guardia (policial) Legislativa (en septiembre) y cuyos efectos no han sido superados", añadió el reporte.
Asimismo, indicó que la orden responde a "que algunos integrantes de la Policía distorsionaron severamente o abandonaron su misión (de proteger la Asamblea) mediante una insubordinación policial".
El decreto dispone "la movilización" de las Fuerzas Armadas para garantizar "la soberanía, el orden interno y la seguridad ciudadana y humana en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito", precisó Andes.
Durante el estado de excepción, que se puede declarar en caso de conmoción interna, el presidente está facultado para suspender o limitar derechos ciudadanos como la inviolabilidad de domicilio y disponer la censura previa en la información de los medios y el empleo de la fuerza pública.
El 30 de septiembre, cientos de policías se sublevaron contra una ley que reformó su régimen salarial, en protestas que dejaron 10 muertos y 274 heridos.
Entonces, Correa denunció una intentona golpista y decretó el estado de excepción a nivel nacional, que luego fue limitado a Quito y posteriormente a la sede del Legislativo.
El decreto, que ya había sido prorrogado el 9 de diciembre, se debe a "los hechos de violencia protagonizados por elementos de la Guardia (policial) Legislativa (en septiembre) y cuyos efectos no han sido superados", añadió el reporte.
Asimismo, indicó que la orden responde a "que algunos integrantes de la Policía distorsionaron severamente o abandonaron su misión (de proteger la Asamblea) mediante una insubordinación policial".
El decreto dispone "la movilización" de las Fuerzas Armadas para garantizar "la soberanía, el orden interno y la seguridad ciudadana y humana en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito", precisó Andes.
Durante el estado de excepción, que se puede declarar en caso de conmoción interna, el presidente está facultado para suspender o limitar derechos ciudadanos como la inviolabilidad de domicilio y disponer la censura previa en la información de los medios y el empleo de la fuerza pública.
El 30 de septiembre, cientos de policías se sublevaron contra una ley que reformó su régimen salarial, en protestas que dejaron 10 muertos y 274 heridos.
Entonces, Correa denunció una intentona golpista y decretó el estado de excepción a nivel nacional, que luego fue limitado a Quito y posteriormente a la sede del Legislativo.
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